De 452 ONGs, solo en 2022, 378 fueron inhabilitadas por el gobierno de Ortega/Murillo y la Asamblea Nacional. La base legal para tal sanción de despojo es no haberse registrado como agentes extranjeros e incumplir la Ley General de Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, que entró en vigor el 6 de mayo, que prohíbe a las organizaciones de derechos humanos realizar campañas de sensibilización de la realidad política, económica, social y ambiental del país.

Los inhabilitados son de todo tipo: organizaciones dedicadas a trabajar por la educación, la cultura, la salud, el medio ambiente; asociaciones de trabajadores, profesionales, comerciales, empresariales y de comportamiento; dedicado a estudios de economía, sociología, política y comunicación. El gobierno arrasó con organizaciones de todas las regiones del país, fundadas desde 1979, nacionales e internacionales.

Las cancelaciones, según el diputado Filiberto Rodríguez (FSLN), son parte de una política para combatir el lavado de dinero y sancionar a las organizaciones que estuvieron involucradas en las protestas de 2018, definidas por las autoridades como un intento de golpe de Estado.

Se llama la atención sobre la diversidad de instituciones intervenidas. Operación Sonrisa, dedicada en toda América Latina al tratamiento gratuito de pacientes con labio leporino y/o paladar hendido; todas las organizaciones de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica Norte (CEJUDHCAN), que han defendido los derechos de los pueblos indígenas en el país, entre otros; 40 agrupaciones de mujeres que atendieron a personas vulnerables en todo el territorio nacional, realizando un trabajo que el Estado no ha realizado; 14 universidades privadas que dejaron de la noche a la mañana sin estudios y sin trabajo a por lo menos 14.000 estudiantes, cientos de académicos y miles de trabajadores.

También se cerró la Academia Nicaragüense de la Lengua Española, que a lo largo de sus casi 94 años se ha dedicado al cuidado de la cultura, la educación y el desarrollo de la lengua española. Entre sus académicos se encuentran el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, exiliado en España, la poeta Gioconda Belli, también exiliada en España, y Carlos Tünnermann, embajador de Nicaragua en Estados Unidos y Ministro de Educación durante el gobierno sandinista de los años 80. El anunciado cierre de la institución fue condenado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) y por las academias de Chile, Ecuador y México.

Ortega y Murillo quieren destruir cualquier organización de la sociedad civil que cuestione el modelo político vigente, cuyas características más importantes son: ser autoritario, ejercer un severo control social; concentrador de concentrar la riqueza en pocas manos; subordinarse a la lógica del capital internacional; concentrador para concentrar el poder en manos de la familia Ortega/Murillo.

María Mercedes Salgado exdiplomática del gobierno sandinista (1979-1990) en Brasil.